Francisco Rossi. El 30 de octubre pasado, el tribunal decretó, como medida cautelar de urgencia, ordenar al Ministerio de Salud y al INVIMA, presentar en un plazo de 10 días un plan de respuesta a la crisis de desabastecimiento de medicamentos que se vive en Colombia.
Esta medida cautelar, hay que recordarlo, se tomó en respuesta a una acción popular presentada en 2019 y que la procuraduría ha considerado pertinente dar traslado precisamente por estos días. Procuraduría que ya completa más de un año con la tesis de que el desabastecimiento/escasez de medicamentos en el país es el resultado de una acción deliberada del gobierno en general y del Ministerio de salud y el INVIMA en particular, por generar una crisis en el sistema de salud para justificar la reforma que se tramita en el congreso. Tesis que se traduce en que el INVIMA demora los registros, y que el Ministerio no compra y distribuye los medicamentos que la gente necesita. Procuraduría que de manera reiterada produce anuncios en los medios de comunicación, repitiendo su tesis de corte político, pero que se resiste a comprender que el desabastecimiento/escasez de medicamentos, es una consecuencia estructural del hecho de que la producción se encuentra casi totalmente en el sector privado. No hay peor entendedor que el que no quiere entender que la decisión de producir o no, de aumentar o reducir la producción de cualquier medicamento, es el titular del registro sanitario, y que las competencias del Ministerio y del INVIMA no son ni producir ni distribuir ni siquiera incluso la de direccionar el mercado. A lo sumo definir incentivos. Y si algo no puede hacer un funcionario público es exceder sus competencias. En otros países, el Estado juega un papel relevante al adquirir medicamentos como gran comprador del sistema de salud. En ese escenario, los productores apuntan a competir por los productos que el Estado licita. Ese no es el sistema de salud de Colombia. En nuestro país, el Ministerio de salud no compra medicamentos, con excepciones minoritarias en los antiguos programas verticales y los productos de control especial. La procuraduría lo sabe, y sabe también que, buena parte de los problemas de desabastecimiento/escasez tienen que ver con la compleja red de contratos entre las EPS, las IPS y los operadores logísticos. Eso también los saben los actores que participan del sistema de salud y los productores, los operadores logísticos, los prescriptores y los profesionales de la salud. Y se lo han hecho saber tanto a los organismos de control como a los medios de comunicación. Pero al parecer hay prioridades, y la urgencia de desacreditar al gobierno y a su propuesta de reforma, exigen ignorar los hechos, la normatividad y la responsabilidad pública. Cuando así se juega con la institucionalidad, se corre el riesgo de caer en el ridículo, que es lo que ha pasado particularmente con la convocatoria a una audiencia de seguimiento previa al desacato, tanto al Ministerio de Salud como al INVIMA. En la providencia, extensamente difundida en medios de comunicación como es ya costumbre, se emplaza al Ministro de Salud y Protección Social, Guillermo Alfonso Jaramillo Martínez y al Director general del INVIMA, Dr. Germán Velásquez Arango, a que comparezcan a explicar por que no han dado cumplimiento a la media cautelar. Es inexcusable para un magistrado del tribunal, que no sepa que el Dr Velásquez Arango no es el director del INVIMA. En la providencia, explica el magistrado que las respuestas, tanto del INVIMA como del Ministerio, cuestionan la medida cautelar en lugar de cumplirla. No podía ser de otra manera, dado que no tiene instrumentos legales para “asegurar la disponibilidad de los medicamentos y de los demás principios activos que presentan oferta insuficiente frente a las necesidades de la población”. Una orden confusa en la que se combinan inapropiadamente los términos, ya que todo medicamento tiene un principio activo y en la que se ignora por completo el funcionamiento del mercado de medicamentos y el papel de las EPS como intermediarios entre los proveedores de medicamentos y las IPS. Una orden que no se puede cumplir sin exceder las funciones y competencias del Ministerio y el INVIMA. A su vez, el INVIMA informa al tribunal que las tales 27.904 solicitudes de registro de medicamentos que ordena resolver no son tales y que, en la práctica, podrían llegar a ser 65 las que tienen relación con desabastecimiento/escasez. Finalmente, ordena el juez al INVIMA y al Ministerio, definir estrategias para facilitar el acceso a la materia prima requerida para la fabricación de medicamentos. Una vez más el tribunal desconoce que la decisión de importar o no, y la cantidad a importar, es una decisión del fabricante, cuando evidentemente se trata de productos de fabricación local. Se olvida de que una fracción importante de los productos desabastecidos o escasos son importados. Las normas solamente definen los requisitos que debe cumplir el importador y las especificaciones de la materia prima en cuestión. Ni el INVIMA ni el Ministerio facilitan o dificultan. Como muchas de las cosas de la salud, estas decisiones se dejan al mercado y a la iniciativa privada. Hacen el ridículo la procuraduría y el tribunal, y traen a la memoria la anécdota aquella de cuando a la entonces Clínica San Pedro Claver del ISS, llegó una orden judicial conminando a la clínica a realizar en el término de 48 horas un trasplante de riñón a un paciente que lo requería. A lo que contestó la Clínica, sírvase señor juez enviar el respectivo riñón.
0 Comentarios
Felicitamos al Gobierno de Colombia y al Ministerio de Salud por haber cumplido la promesa de dar prioridad a la salud sobre los negocios. Aplaudimos la rigurosidad con la que se ha seguido el debido proceso y dado respuesta a todas las observaciones presentadas por los interesados. Nos unimos a las Organizaciones de la Sociedad Civil que aportaron al proceso el sentir de las personas con VIH y, al mismo tiempo, rechazamos las presiones y los ataques al proceso y a los funcionarios.
Las ONG comprometidas con el acceso a medicamentos creímos que con la pandemia, en todos los países del mundo se suspenderían o flexibilizarían los Derechos de Propiedad Intelectual, especialmente las patentes, como lo propusieron India y Sudáfrica. Lamentamos que no haya sido posible, pero recordamos muy bien que este rechazo fue justificado en la OMC por la existencia de las flexibilidades y salvaguardias. Hemos visto con sorpresa cómo, ante la decisión del gobierno de Colombia, han reaparecido argumentos que considerábamos superados, como el cuestionamiento a la calidad de los genéricos, el riesgo de afectar la innovación o la calificación de las Licencias Obligatorias como una expropiación. ¡Rechazamos estas falacias! También esperamos la colaboración a nivel político regional, especialmente de los países con capacidad de producción local para proporcionar ayuda humanitaria al Estado colombiano y a las personas que viven con el VIH. ![]()
Recientemente el Instituto de las Américas publicó el libro titulado Sociedades, crisis y salud pública en Europa, América Latina y el Caribe, publicación que aborda el impacto de la COVID-19 desde diversos aspectos aspectos y distintas partes del mundo.
La Fundación IFARMA participó en la producción de este libro con la edición del capítulo 13, titulado Participación de la sociedad civil en las políticas públicas en salud (página 203). El capítulo, redacción que asumieron Claudia Vargas Peláez -Directora de IFARMA- y Francisco Rossi Buenaventura - Asesor Senior de la organización-, comparte reflexiones desde la experiencia de la sociedad civil colombiana en la pandemia. El Instituto de las Américas es un grupo de interés científico que se creó en 2007 y que hoy lo orienta la Universidad Sorbonne Nouvelle-Paris 3 y el Campus Condorcet. El Instituto promueve el intercambio intelectual a nivel nacional, europeo y mundial sobre los principales temas de investigación que afectan a las Américas. La salud del medio ambiente y su relación con nuestra salud es un tema que debemos asumir.
![]() Una respuesta efectiva de la Organización Mundial de Comercio (OMC) frente a las restricciones que la propiedad intelectual impone para acceder al diagnóstico y al tratamiento de la COVID-19, así como a las vacunas, es la solicitud que más de 200 organizaciones sociales del mundo presentaron a esa entidad multilateral. El pasado mes de febrero, distintas organizaciones enviaron una carta abierta de la sociedad civil a la directora de la OMC, Ngozi Okonjo-Iweala, y a su directora adjunta, Anabel González, en la que expresan su preocupación por la situación que se registra a nivel mundial para dar una respuesta efectiva a la COVID-19, consecuencia de las barreras que impone la propiedad intelectual. La carta abierta de la sociedad civil fue suscrita por Amnistía Internacional, Pan para el Mundo, la Coalición Internacional de Preparación para el Tratamiento (ITPC) y las organizaciones colombianas Fundación IFARMA y Misión Salud, entre otras. ![]() El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (INVIMA), y el Sistema de Precios de Medicamentos (Sismed) deben mejorar la calidad, pertinencia, disponibilidad y oportunidad de la información que producen sobre medicamentos. Esta es una de las recomendaciones que presenta el documento titulado Impacto de la protección a los datos de prueba con exclusividad (Decreto 2085 de 2002) 2012 – 2019, publicado recientemente por la Fundación IFARMA. Este documento (policy brief) se produce en el contexto del Acuerdo Marco de Cooperación 1-2020 que IFARMA suscribió con la Asociación de Industrias Farmacéuticas en Colombia (ASINFAR), que establece la cooperación entre las partes con el propósito de realizar investigación aplicada en el campo de las políticas farmacéuticas. ![]() La resistencia a los antibióticos, -es decir, tomarlos y que no surtan el efecto esperado- es una de las consecuencias que trae el consumo inapropiado de estos medicamentos. Frente a esta situación, cada año se realiza la ‘Semana Mundial de Concienciación sobre el Uso de los Antimicrobianos’, evento de sensibilización y educación sobre el uso asertivo y pertinente de estos medicamentos, que va ganando más espacio y audiencia en cada edición anual. Con el propósito de facilitar y divulgar información sobre este tema relevante para la salud de las comunidades, la fundación IFARMA, en asocio con Universidades Aliadas para Medicamentos Esenciales (UAEM), el semillero de “Edwin Bernal, Propiedad intelectual y Acceso a medicamentos” de la Facultad de Derecho, el semillero de “Estudio de la investigación preclínica y clínica de los medicamentos para su desarrollo y aplicación” y el Consultorio de atención Primaria en salud de la Facultad de Medicina de la Universidad Militar Nueva Granada (UMNG), realizaron distintas actividades de sensibilización en distintos lugares de Bogotá, en el marco de la Semana Mundial. Las distintas actividades – que fueron posibles con el apoyo de la organización South Centre, con sede en Ginebra (Suiza)- permitieron llevar la información a más de 1.200 personas. ![]()
Más de 50 organizaciones sociales de distintas partes del mundo enviaron una carta al presidente de Estados Unidos, Joseph Biden, solicitando que asuma el liderazgo y cumpla su promesa de hacer frente a la COVID-19.
El mensaje enviado al mandatario el 20 de septiembre precisa que durante la 76 sesión de la Asamblea General de Naciones Unidas él será anfitrión de una cumbre de vacunas en la que participarán otros líderes mundiales y la cual será el escenario para anunciar el objetivo de vacunar al 70% de la población mundial para el próximo año. ![]() Bogotá.- Así lo expresó Claudia Marcela Vargas Peláez, directora de la Fundación IFARMA, durante su intervención en la audiencia pública que realizó la Comisión VI del Senado de la República el pasado 4 de marzo, en la sede la Universidad EAN (Escuela de Administración de Negocios). La audiencia pública, convocada por el senador Iván Darío Agudelo Zapata, fue el escenario para conocer los puntos de vista de distintos actores sociales sobre el proyecto de ley que busca establecer las bases de la Política Nacional para la Seguridad Farmacéutica (Proyecto de Ley 372 de 2020). En la apertura del evento, el Ministro de Salud, Fernando Ruíz Gómez, dijo que la audiencia dará luces sobre el tema y que se tienen retos a futuro, en un tema tan importante para el sistema de salud como la seguridad farmacéutica.
![]() El pasado 5 de noviembre, el CVCS y las organizaciones que lo integran, expresaron a través de una carta abierta dirigida a las instancias de poder nacional (ramas Ejecutiva, Legislativa y Judicial), la preocupación frente a la toma de decisiones aceleradas, poco transparentes o discrecionales, debido a la crisis sanitaria desatada por la pandemia de COVID-19. ¨Hacemos este llamado de atención con el objetivo de sacar la luz los diversos procesos desplazados por la emergencia COVID-19. La toma de decisiones sobre el sistema de salud no puede someterse a los tiempos que impone una emergencia sanitaria¨, precisa la carta. |