Recientemente el Instituto de las Américas publicó el libro titulado Sociedades, crisis y salud pública en Europa, América Latina y el Caribe, publicación que aborda el impacto de la COVID-19 desde diversos aspectos aspectos y distintas partes del mundo.

​La Fundación IFARMA participó en la producción de este libro con la edición del capítulo 13, titulado Participación de la sociedad civil en las políticas públicas en salud (página 203).

El capítulo, redacción que asumieron Claudia Vargas Peláez -Directora de IFARMA- y Francisco Rossi Buenaventura - Asesor Senior de la organización-, comparte reflexiones desde la experiencia de la sociedad civil colombiana en la pandemia.

El Instituto de las Américas es un grupo de interés científico que se creó en 2007 y que hoy lo orienta la Universidad Sorbonne Nouvelle-Paris 3 y el Campus Condorcet. El Instituto promueve el intercambio intelectual a nivel nacional, europeo y mundial sobre los principales temas de investigación que afectan a las Américas.

​Una respuesta efectiva de la Organización Mundial de Comercio (OMC) frente a las restricciones que la propiedad intelectual impone para acceder al diagnóstico y al tratamiento de la COVID-19, así como a las vacunas, es la solicitud que más de 200 organizaciones sociales del mundo presentaron a esa entidad multilateral.
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El pasado mes de febrero, distintas organizaciones enviaron una carta abierta de la sociedad civil a la directora de la OMC, Ngozi Okonjo-Iweala, y a su directora adjunta, Anabel González, en la que expresan su preocupación por la situación que se registra a nivel mundial para dar una respuesta efectiva a la COVID-19, consecuencia de las barreras que impone la propiedad intelectual.

La carta abierta de la sociedad civil fue suscrita por Amnistía Internacional, P­­­an para el Mundo, la Coalición Internacional de Preparación para el Tratamiento (ITPC) y las organizaciones colombianas Fundación IFARMA y Misión Salud, entre otras. 

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​El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (INVIMA), y el Sistema de Precios de Medicamentos (Sismed) deben mejorar la calidad, pertinencia, disponibilidad y oportunidad de la información que producen sobre medicamentos.

Esta es una de las recomendaciones que presenta el documento titulado Impacto de la protección a los datos de prueba con exclusividad (Decreto 2085 de 2002) 2012 – 2019, publicado recientemente por la Fundación IFARMA.

​Este documento (policy brief) se produce en el contexto del Acuerdo Marco de Cooperación 1-2020 que IFARMA suscribió con la Asociación de Industrias Farmacéuticas en Colombia (ASINFAR), que establece la cooperación entre las partes con el propósito de realizar investigación aplicada en el campo de las políticas farmacéuticas.

​La resistencia a los antibióticos, -es decir, tomarlos y que no surtan el efecto esperado- es una de las consecuencias que trae el consumo inapropiado de estos medicamentos.
 
Frente a esta situación, cada año se realiza la ‘Semana Mundial de Concienciación sobre el Uso de los Antimicrobianos’, evento de sensibilización y educación sobre el uso asertivo y pertinente de estos medicamentos, que va ganando más espacio y audiencia en cada edición anual.
 
Con el propósito de facilitar y divulgar información sobre este tema relevante para la salud de las comunidades, la fundación IFARMA, en asocio con Universidades Aliadas para Medicamentos Esenciales (UAEM), el semillero de “Edwin Bernal, Propiedad intelectual y Acceso a medicamentos” de la Facultad de Derecho, el semillero de “Estudio de la investigación preclínica y clínica de los medicamentos para su desarrollo y aplicación” y el Consultorio de atención Primaria en salud de la Facultad de Medicina de la Universidad Militar Nueva Granada (UMNG), realizaron distintas actividades de sensibilización en distintos lugares de Bogotá, en el marco de la Semana Mundial.
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Las distintas actividades – que fueron posibles con el apoyo de la organización South Centre, con sede en Ginebra (Suiza)- permitieron llevar la información a más de 1.200 personas.

Más de 50 organizaciones sociales de distintas partes del mundo enviaron una carta al presidente de Estados Unidos, Joseph Biden, solicitando que asuma el liderazgo y cumpla su promesa de hacer frente a la COVID-19.

El mensaje enviado al mandatario el 20 de septiembre precisa que durante la 76 sesión de la Asamblea General de Naciones Unidas él será anfitrión de una cumbre de vacunas en la que participarán otros líderes mundiales y la cual será el escenario para anunciar el objetivo de vacunar al 70% de la población mundial para el próximo año.

Bogotá.- Así lo expresó Claudia Marcela Vargas Peláez, directora de la Fundación IFARMA, durante su intervención en la audiencia pública que realizó la Comisión VI del Senado de la República el pasado 4 de marzo, en la sede la Universidad EAN (Escuela de Administración de Negocios).

La audiencia pública, convocada por el senador Iván Darío Agudelo Zapata, fue el escenario para conocer los puntos de vista de distintos actores sociales sobre el proyecto de ley que busca establecer las bases de la Política Nacional para la Seguridad Farmacéutica (Proyecto de Ley 372 de 2020).

​En la apertura del evento, el Ministro de Salud, Fernando Ruíz Gómez, dijo que la audiencia dará  luces sobre el tema y que se tienen retos a futuro, en un tema tan importante para el sistema de salud como la seguridad farmacéutica.

​El pasado 5 de noviembre, el CVCS y las organizaciones que lo integran, expresaron a través de una carta abierta dirigida a las instancias de poder nacional  (ramas Ejecutiva, Legislativa y Judicial), la preocupación frente a la toma de decisiones aceleradas, poco transparentes o discrecionales, debido a la crisis sanitaria desatada por la pandemia de COVID-19.

¨Hacemos este llamado de atención con el objetivo de sacar la luz los diversos procesos desplazados por la emergencia COVID-19. La toma de decisiones sobre el sistema de salud no puede someterse a los tiempos que impone una emergencia sanitaria¨, precisa la carta.

hrw.org.- Los gobiernos deben ofrecer una vacuna para COVID -19 asequible a todo el mundo. Así lo señala Human Rights Watch (HRW) en un informe que publicó en octubre de 2020. Agrega que quienes financien la vacuna con fondos públicos deben hacerlo con términos y condiciones transparentes.

Para HRW es obligación de los gobiernos garantizar que los beneficios de la investigación científica que se financia con recursos públicos debe ser distribuida ampliamente para proteger la vida, la salud y los medios de vida de las personas.

El documento titulado Quien encuentre la vacuna debe compartirla: Fortalecimiento de los derechos humanos y la transparencia con respecto a las vacunas contra el Covid-19 presenta un análisis desde tres aspectos: