 Por Francisco Rossi Buenaventura
El Superintendente de Industria y Comercio, Pablo Felipe Robledo, se hizo célebre por las multas multimillonarias a los carteles del cemento [1], del azúcar [2] y de los pañales [3]; multas que sin duda castigan prácticas contrarias a la libre competencia, pero que más parecen proteger la competencia per se, que a los consumidores. A nadie le han devuelto un centavo por haber pagado precios artificialmente elevados por los pañales, el cemento o el azúcar. En realidad, si uno mira bien, los beneficiarios de la competencia por los precios del azúcar fueron los fabricantes de bebidas azucaradas. Beneficiarios que después fueron protegidos por el Superintendente cuando una organización de la sociedad civil se puso en la tarea de denunciar las funestas consecuencias para la salud del consumo inducido de bebidas azucaradas [4]. El Estado ayudando a la indefensa Coca Cola y la indefensa Postobón de la publicidad engañosa!!!!. ¿Qué tanto pudo influir semejante despropósito en el rechazo, sin siquiera haber podido llegar a la ponencia, del impuesto a las bebidas azucaradas que tanto le costó y le cuesta -y le va a costar- al Ministerio de Salud?
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