Artículo publicado el 12 de noviembre en el diario Le Temps / Escrito por Ruth Dreifuss y Patrick Durisch* Traducción al español: Laura Rossi Sarmiento
Una etapa crucial hacia un acceso equitativo a tests diagnósticos, (futuros) tratamientos y vacunas contra la Covid-19 se juega actualmente en la Organización Mundial del Comercio (OMC). Frente a una previsible escasez, India y África del Sur han presentado una petición, a principios de octubre, de una suspensión temporal del acuerdo sobre los derechos de propiedad intelectual (ADPIC) respecto a los productos para la lucha contra la Covid-19, como lo estipulan las reglas de La OMC en situaciones excepcionales. Si bien la Organización Mundial de la Salud (OMS) lanzó iniciativas enfocadas en la solidaridad, como el Covax para las vacunas, estos mecanismos globales se enfrentan a un obstáculo mayor: la propiedad intelectual, que engloba patentes, know how, y datos confidenciales. Ésta impide compartir conocimientos y la rápida multiplicación de plantas de producción de estos bienes médicos urgentes. Margen indebido de beneficios Sin embargo, es una certeza, no habrá suficiente para todo el mudo. Los países más ricos, es decir menos del 20% de la población mundial, ya reservaron cerca de 4.000 millones de dosis de la vacuna, con opción de 5.000 millones de dosis suplementarias, mientras que la producción global en 2021, si todo va bien, se estima a 8.000 millones. El Covax está destinado a repartir 2.000 millones de dosis para finales de 2021, pero ¿cómo podrá conseguirlas y financiarlas? La esperanza de tratamientos antivirales recaen ahora sobre los anticuerpos monoclonales, muy costosos y cuya producción sería extremadamente limitada. Un acuerdo reciente para distribuir 120 millones de tests diagnósticos rápidos, planea asignar solamente el 20% de ellos al 80% de la población mundial que vive en 133 países de bajos y medios ingresos. Detrás de estos hechos alarmantes: los derechos exclusivos que le dan a las firmas del Norte pleno poder para decidir los volúmenes y quién será el beneficiario prioritario. Los países menos favorecidos tendrán las migajas de los países más ricos. Frente a esta pandemia, y con el esfuerzo de investigación que ella despierta, el argumento según el cual las patentes sirven para cubrir las inversiones no es pertinente, puesto que este esfuerzo se beneficia de subvenciones públicas colosales. Los Estados Unidos destinaron 10.000 millones de dólares, de manera que los costos de investigación y desarrollo (R&D) de la firma americana Moderna, una de las favoritas en esta carrera por una vacuna, son cubiertos al 100% por el dinero de los contribuyentes. La Comision Europea organizó, a principios del verano un teleton internacional, con cerca de 16.000 millones de euros prometidos por los estados, entre ellos Suiza, con el fin de acelerar el desarrollo y la producción de tests, tratamientos y vacunas Covid-19 y de garantizar un acceso equitativo en todo el mundo. Estas contribuciones públicas dejan de lado el riesgo en materia de R&D para la industria farmacéutica, tanto así que éstas son otorgadas sin condiciones restrictivas sobre el precio final y el acceso. Los pedidos de vacunas hechos por los países ricos garantizan a las farmacéuticas el flujo de producción a un precio que les otorga un margen de beneficio indebido. Si la suspensión temporal del ADPIC propuesta por India y África del Sur fuera aceptada, cada estado miembro de la OMC podría decidir no tener en cuenta la propiedad intelectual para estos productos de lucha durante el tiempo que dure la pandemia. Aún más claro: una firma local que dispone del know how necesario estaría autorizada para producir tests, tratamientos o vacunas sin tener que negociar prolongadamente (a veces en vano) una licencia. Millones de vidas en juego En el primer debate a mediados de octubre, los países anfitriones de las gigantes farmacéuticas, entre ellos Suiza, se opusieron a la suspensión temporal del ADPIC, con el pretexto de que las patentes no son un obstáculo durante esta crisis. Es falso, y numerosas patentes ya han sido otorgadas, claramente para las vacunas Covid-19 (Moderna y Pfizer están entre otras cosas, en pleno litigio judicial . Los oponentes también resaltan los mecanismos existentes, como las licencias voluntarias u obligatorias. Pero las primeras, las voluntarias, cuando son otorgadas por las farmacéuticas, son exclusivas y restringidas geográficamente. En cuanto al proceso de licencia obligatoria- un Estado autoriza la comercialización de genéricos a pesar de la patente, para hacer valer el interés público- ésta varia según las legislaciones nacionales, no comprende sino un solo producto en un mercado especifico y da lugar a fuertes presiones diplomáticas sobre los países que desean utilizarla. Una suspensión temporal del ADPIC permitiría evitar todos estos obstáculos. El Consejo del ADPIC debe pronunciarse antes de finales de diciembre ultimo plazo. Las decisiones en la OMC se toman preferiblemente por consenso, pero si no es posible, el voto de una mayoria calificada de ¾ está previsto. Suiza haría bien en seguir el llamado de la sociedad civil y de la OMS en apoyar esta petición de suspensión temporal, sabiendo que siempre puede aplicar la integralidad del Acuerdo ADPIC en su territorio. Millones de vidas están en juego; Suiza puede contribuir a salvarlas. *Ruth Dreifuss, Ex - Consejera Federal y Presidenta de la comision OMS sobre la salud publica, la innovacion y la propiedad intelectual y Patrick Durisch, Experto en políticas de salud de La ONG Public Ey
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