Por Stefanía Moreno Sánchez

La salud es uno de los derechos más importantes que tenemos como personas por la directa conexión que tiene con nuestra vida y el pleno disfrute de ella. Sin embargo, el sistema de salud colombiano es deficiente, con graves casos de corrupción, y con pocas garantías.
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Un buen ejemplo lo encontramos en el manejo que se le ha dado a la hepatitis C en nuestro país, pues la falta de recursos y su deficiente manejo, y el difícil acceso al tratamiento de la población en zonas vulnerables y la incompetencia que por el momento ha mantenido el gobierno por un poco más de seis años, al dilatar y guardar silencio, son las causas que nos mantienen lejanos de cumplir con el objetivo de la OMS sobre la eliminación de la hepatitis C para 2030 y adicionalmente evidencia lo malo de nuestro sistema de salud.

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​El pasado jueves 6 de mayo, el mundo fue sorprendido por un mensaje de la directora de la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) en el que informó que ese país apoyaba la negociación de la excepción a los derechos de protección de patente para las vacunas contra COVID-19.
 
La noticia causó revuelo entre los gobiernos que ya apoyan esta iniciativa, así como entre las organizaciones (sociedad civil, organismos multilaterales) que han estado abogando ante los países de altos ingresos para que dejen de bloquear el avance de esta discusión en la Organización Mundial del Comercio (OMC).

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​El Texto propuesto para primer debate, en Sesiones Séptimas Conjuntas, al Proyecto de Ley 10 de 2020 Senado - 425 de 2020 Cámara “Por medio de la cual se dictan disposiciones orientadas a garantizar el Derecho Fundamental a la Salud dentro del Sistema General de Seguridad Social de conformidad con la ley 1751 de 2015 y la sostenibilidad del Sistema de Salud”, incluye un artículo sobre el que pretendemos alertar a todos los ciudadanos, que se podría describir así:
 
De cómo burlar el derecho fundamental a la salud, burlar al mismo tiempo a la Corte Constitucional y la ley Estatutaria, acabar con la seguridad social en salud y la seguridad financiera de las familias colombianas frente a la enfermedad, ampliar mediante esta ley la reforma tributaria y, de contera, dejar minusválida la democracia, al abandonar el Poder Legislativo sus obligaciones y entregar las decisiones sobre el financiamiento y la garantía del derecho fundamental a la salud de los ciudadanos, al libre arbitrio del Ejecutivo y de los intereses privados. He aquí el artículo en cuestión:

Artículo 30. Financiación del Plan de Beneficios. El MSPS, en un plazo de dieciocho meses (18) contados a partir de la vigencia de la presente ley, definirá los servicios y tecnologías en salud que, por su alto volumen de prescripción, seguridad y bajo costo se deberán financiar con cargo a la UPC y determinará la forma de financiación de las tecnologías de alto costo y baja frecuencia de uso que no queden financiadas por la UPC.

​El pasado 26 de marzo, se llevó el cabo un seminario web “Propiedad intelectual, ciencia abierta y acceso al conocimiento relevante para la salud pública”, que tuvo como protagonista a Alexandra Elbakyan, creadora de la plataforma Sci-hub, una iniciativa de acceso libre al conocimiento que desafía la protección de derechos de autor (copyright). El seminario fue organizado por UAEM Colombia, la Fundación Karisma y la Fundación IFARMA.
 
Normalmente, en IFARMA hemos estado más cerca de los debates relacionados con las barreras de acceso a medicamentos generadas por las patentes y el campo del derecho de autor nos es desconocido. No obstante, la historia de cómo Alexandra llegó a la conclusión de que era necesario generar la posibilidad de acceso abierto a la información científica, puso en evidencia algunas similitudes que existen entre estos dos campos.

Por ejemplo, tanto el conocimiento como los medicamentos son considerados bienes sociales, los cuales han sido transformados en bienes de mercado con los cuales empresas privadas se lucran, a pesar del impacto que el monopolio generado por las patentes o los derechos de autor tienen sobre el interés público, como por ejemplo la vulneración del derecho a la salud o el derecho a la educación.

 ​Desde finales de los años setenta, hizo fama -al tiempo que se convirtió en objeto de burlas-, una frase de campaña del presidente Turbay, con la que anunciaba reduciría la corrupción “a sus justas proporciones”. Cuarenta años más tarde, llegamos a descubrir que uno de los más reconocidos pensadores del siglo XX, Foucault, señalaba que reducir la criminalidad a sus justas proporciones era, precisamente, entender la nueva forma de gubernamentalidad del Estado, que afirmó el liberalismo económico, a partir de principios utilitaristas.

Es decir, se trata de no desperdiciar esfuerzos, más allá de lo redituable, en cualquier propósito de Estado. Tiene que ver esta máxima, por una parte, con la curva matemática que describe el logro de metas de cobertura en diversos programas y fenómenos sociales, un comienzo de fuerte ascenso y posteriormente una tendencia hacia la horizontalización, que hace que para lograr la cobertura del último 10% de la población o el último 10% de la meta, se requiera tanto esfuerzo como para lograr el primer 90%. Por ello, desde el nacimiento del liberalismo, la racionalidad del Estado moderno no plantea, por ejemplo, eliminar el delito, sino que pregunta cuál es la forma más barata y efectiva para reducir el índice de un determinado delito, como el homicidio, a niveles aceptables.

Una etapa crucial hacia un acceso equitativo a tests diagnósticos, (futuros) tratamientos y vacunas contra la Covid-19 se juega actualmente en la Organización Mundial del Comercio (OMC). Frente a una previsible escasez, India y África del Sur han presentado una petición, a principios de octubre, de una suspensión temporal del acuerdo sobre los derechos de propiedad intelectual (ADPIC) respecto a los productos para la lucha contra la Covid-19, como lo estipulan las reglas de La OMC en situaciones excepcionales.
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Si bien la Organización Mundial de la Salud (OMS) lanzó iniciativas enfocadas en la solidaridad, como el Covax para las vacunas, estos mecanismos globales se enfrentan a un obstáculo mayor: la propiedad intelectual, que engloba patentes, know how, y datos confidenciales. Ésta impide compartir conocimientos y la rápida multiplicación de plantas de producción de estos bienes médicos  urgentes.